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La medición individual de calefacción supondrá para España el ahorro de 1.100 millones de euros en cinco años y la reducción de la emisión de 1,9 millones de toneladas de CO2 al año, según las conclusiones alcanzadas en la jornada 'Nueva legislación sobre repartidores de costes de calefacción y válvulas con cabezal termostático', organizada por la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca).
En este sentido, la compañía Ista estima que a través de esta medición se consiguenreducciones de consumo de calefacción y agua en una media del 20%, lo que equivaldría a 180 euros de ahorro medio anual por vivienda. En la actualidad, hay 1,7 millones de hogares en España que cuentan con un sistema de calefacción centralizada.
La embajadora de Dinamarca en España, Lone Dencker Wisborg, ofreció su perspectiva sobre el uso normalizado de la medición individual en su país desde hace más de 100 años y señaló que "los daneses tienen culturalmente aceptado e interiorizado que cada familia paga por la calefacción que consume".
En Europa, hay ya 30 millones de viviendas dotadas de este tipo de sistema de reparto de costes de calefacción central, que supone un total de 150 millones de dispositivos instalados.
Por su parte, el director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, destacó el Plan Renove de costes de calefacción central y válvulas con cabezal termostático puesto en marcha el pasado mes de marzo en la región, y expresó su esperanza de que iniciativas como esta se extiendan a otras comunidades autónomas.
La trasposición efectiva de la Directiva Europea de Eficiencia Energética(2012/27/UE), que se espera para el próximo mes de junio, obliga a todos los países comunitarios a desarrollar medidas legislativas para garantizar que todos los edificios dotados de climatización central tengan instalados dispositivos de medición individuales,calorímetros en los radiadores o repartidores de costes o de calor o contadores individuales de calefacción antes del 31 de diciembre de 2016.
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Los principales problemas a los que se enfrentan sus empresas son el bajo nivel de I+D+i, el acceso a la financiación —pese a que un 78% de quienes dicen haber pedido un crédito para el negocio lo ha conseguido—, el funcionamiento de la Administración, el coste de la energía u las materias primas y la deuda pública.
El sondeo echa por tierra algunos mitos. Por ejemplo el de que las empresas viven de espaldas a la universidad. El 37% de los encuestados responde que su empresa ha contratado con la universidad, y el 30% que ha tenido relación profesional con algún instituto tecnológico. La transferencia de conocimiento ha sido mejor con estos últimos (5) que con la universidad (4,2). El 21% de las empresas ha registrado, además, al menos una patente.
Los ingenieros reconocen el esfuerzo tecnológico de sus empresas, que es valorado con un 6,3%. Entre las grandes actividades del oficio la tecnología alcanza mejor nivel en el ámbito “metalmecánico, metalurgia, maquinaria y fabricación de material”. A continuación se sitúa “automóvil”. Los ingenieros sitúan en los últimos escalones tecnológicos “consultoría” y “Administración pública”. El juicio es mucho más severo cuando se trata de valorar las políticas de gasto público en investigación, desarrollo e innovación, que alcanza un 3 sobre 10.
Se trata de un concurso que premiará con 500 euros a los dos ganadores (proyecto de fin de grado y fin de máster) presentados en cualquier escuela de Arquitectura o Ingeniería española desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2013.
Miquel Carrillo, secretario ejecutivo de la federación ISF, explica que, aunque no suelen ser las carreras más orientadas a lo social, sí hay gente con una sensibildad que ve la necesidad de proveer de servicios básicos a comunidades que no los tienen y democratizar el acceso a la tecnología. “Suelen ser grados bastante clasistas, donde la gente no se matricula para salvar el mundo; pero después hay de todo”.
Además, la compañía de materiales aislantes recoge los requerimientos especificados para edificios nuevos (ya sean residenciales o no residenciales) y para edificios existentes (con rehabilitación de más del 25% de la superficie total de la envolvente e inferior a este porcentaje).
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